Carranza tomó medidas radicales para terminar con la huelga general que paralizó a la ciudad de México entre el 31 de julio y el 2 de agosto de ese año. Los líderes del movimiento fueron apresados y sometidos a juicio. Carranza puso en vigor la Ley del 25 de enero de 1862 que decretaba la pena de muerte para quienes incitaran la suspensión del trabajo en las fábricas o empresas destinadas a prestar servicios públicos. Los dirigentes fueron absueltos de la pena de muerte por el Tribunal de Justicia pero permanecieron encarcelados algunos meses.

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